Xataka – Aragón aprueba el centro de datos de Blackstone tras una valoración ambiental simplificada
Virginia es el estado de EEUU con una mayor concentración de centros de datos. En España, el símil sería Aragón. La comunidad se ha metido en la lucha por convertirse en el gran hub de centros de datos gracias tanto a su plumaje energético como a la agilidad gubernamental a la hora de tramitar permisos.
Aquí hay dos caras de la moneda. Por un lado, es algo que ha provocado que auge sin precedentes en la construcción de ese tipo de instalaciones. En apenas dos años, está refiniendo el mapa tecnológico y económico, con gigantes como Microsoft, ACS, Blackstone y Amazon invirtiendo enormes sumas de dinero. Esta última se ha convertido en sinónimo de dispendio económico, con una inversión de 33.700 millones para levantar su infraestructura.
La otra cara es la polémica suscitada por la velocidad a la hora de conceder permisos, dudas sobre el impacto real en la economía y en los puestos de trabajo y, sobre todo, por el impacto económico. Y el último movimiento de Aragón no ha hecho más que arrojar más leña al fuego al decidir que uno de esos proyectos no tendrá que someterse a los análisis ambientales convencionales.
El del Campus Rhodes de Blackstone.
El lío con el centro de datos de Blackstone en Aragón
Aunque la inversión de Amazon es la más visible en la región, la de Blackstone no se queda tan atrás. El gigante estadounidense tienen listos 11.800 millones de euros para impulsar el Campus Rhodes, un complejo de hasta ocho centros de datos con 650 MW de capacidad ubicado en Calatorao, Zaragoza.
La inversión inicial, anunciada en 2024, fue de 7.500 millones de euros, pero como ocurrió con Amazon, ahora han redoblado la apuesta gracias al interés gubernamental. Cuando se finalice, se convertirá en uno de los mayores polos de centros de datos de Europa tanto por escala como por potencia, y los pasos hasta ahora estaba siendo los convencionales con este tipo de proyectos.
En octubre de 2024, el Gobierno de Aragón declaró el proyecto como de interés autonómico con interés general, abriendo la tramitación del PIGA (Plan de Interés General de Aragón), y ahora ha sido el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) el que ha desatado la polémica al decidir que el proyecto no tendrá que someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, sino a una evaluación simplificada que ya habría sido aprobada tanto para el plan integral como para la urbanización del polígono.
Lo apuntan en El Economista, donde el INAGA considera que el impacto medioambiental de estas infraestructuras es reducido en cuanto a la vegetación natural como a la fauna, señalando que la instalación afecta poco a las especies animales puesto que la práctica totalidad de los trazados eléctricos son subterráneos. En InfoLibre exponen que, mientras una evaluación completa llevaría un año e incluiría un análisis detallado del impacto de los centros de datos, una evaluación simplificada sólo pide a las compañías rellenar un documento sencillo que se resuelve en apenas tres meses.
El foco de la crítica medioambiental se ha puesto en el cernícalo primilla, un ave que está dentro de un Plan de Conservación y que no estaría en peligro por las obras y ejecución de las actividades del centro de datos, según el INAGA.
Reconocen que habrá una reducción del hábitat de las aves, pero afirman que durante las obras se instalarán balizas salvapájaros, por lo que no habrá problemas, y que el trabajo que genere ruido (como el movimiento de tierras) debe producirse entre el 15 de julio y el 15 de febrero, que es el periodo en el que esa especie no se reproduce.
También se indica que, aunque el trazado atraviesa varios cursos de agua de régimen estacional y se podría generar contaminación por vertidos durante las obras, hay que hacer caso al marco legal para evitar esos vertidos y gestionar los residuos.
Pero, frente al entusiasmo de promotores y políticos, están los críticos. Y que los centros de datos de Blackstone hayan pasado el corte con una evaluación ambiental simplificada ha provocado que se señale la medida como algo que reduce la transparencia.
Se señala que uso de PIGA se está aprovechando para expropiar suelos privados, algo que ha generado fricción con vecinos de las localidades en los que se instalarán estos centros de datos, haciendo que estas instalaciones se perciban como una apuesta arriesgada que compromete recursos (agua o energía), sólo favorece a las grandes tecnológicas y no hay garantías claras de retorno social o de cumplimiento de objetivos climáticos. Es algo que está ocurriendo también en EEUU y en Europa.
Y, si nos bajamos al terreno más pragmático, está el hecho de que los centros de datos proyectados sólo de Amazon consumirán unos 10.800 GWh, una cifra enorme que supera lo que toda la comunidad consumió en 2024. Eso sí, no es que vayan a apagar la comunidad cuando se enciendan, ya que está previsto que cada una de estas empresas instale sus escudos energéticos para su propia alimentación. En el caso de Amazon, una planta fotovoltaica con una potencia de 95.00 kW con baterías y generadores de reserva.
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Aragón aprueba el centro de datos de Blackstone tras una valoración ambiental simplificada
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por
Alejandro Alcolea
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