Xataka – España incumple las normas con el registro de viajeros. Bruselas le acaba de abrir un expediente y le da dos meses para arreglarlo

España incumple las normas con el registro de viajeros. Bruselas le acaba de abrir un expediente y le da dos meses para arreglarlo

La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento de infracción contra España por el polémico registro de viajeros impulsado por el Ministerio del Interior. Bruselas considera que la norma vulnera la normativa europea sobre protección de datos en el ámbito penal, al obligar a hoteles, plataformas digitales y empresas de alquiler de coches a recopilar y enviar a una base de datos estatal información personal de los turistas que después queda accesible a la Policía. Te contamos todos los detalles.

De qué hablamos. Se trata del conocido como Registro de Viajeros, regulado por el Real Decreto 933/2021 y plenamente operativo desde finales del año pasado. La normativa obliga a alojamientos, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a volcar los datos de sus clientes en la aplicación ‘ses.hospedajes’ y transmitirlos a una base de datos centralizada del Gobierno.

Tal y como apunta La Vanguardia, el objetivo declarado por Interior, que se puede leer en el preámbulo del propio decreto, es reforzar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, actividades en las que, argumenta el ministerio, el alojamiento y el uso de vehículos tienen especial relevancia logística.

Qué reprocha Bruselas. La Comisión apunta a tres problemas concretos. Primero, considera que las categorías de datos recogidos y almacenados son «excesivas», por la variedad de conjuntos que abarcan, incluidos los datos de pago y de GPS. Segundo, sostiene que el acceso de las autoridades policiales «no se limita a fines específicos y explícitos», como exige la directiva 2016/680. Y tercero, califica de «desproporcionado» que esos datos se conserven durante tres años tras la estancia del viajero.

Cantidad de datos. Una de las grandes discusiones gira en torno a cuántos datos hay realmente que entregar. El sector hotelero ha denunciado que la norma exige hasta 42 campos distintos, mientras que el Gobierno insiste en que solo son obligatorios 13: nombre y apellidos, número y tipo de documento, referencia y fecha del contrato, fechas de entrada y salida, medio de pago, teléfono o correo electrónico y la relación de parentesco cuando viaja un menor. Los datos restantes, según el Ejecutivo, no son de cumplimentación obligatoria.

El expediente. El procedimiento abre un plazo de dos meses para que España responda y corrija las irregularidades. Si la respuesta no convence, la Comisión puede emitir un dictamen motivado, una especie de ultimátum oficial. Y si el incumplimiento persiste, el último paso sería llevar al Estado ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La reacción del sector. Hoteleros y agencias de viajes llevan tiempo en pie de guerra. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha cuestionado la legalidad de la recogida y transmisión de datos por chocar con la normativa europea sobre libre circulación y protección de datos.

Tras conocerse el expediente, las asociaciones de agencias Fetave y Unav han pedido al Gobierno la «suspensión urgente» del Real Decreto 933/2021 y una reunión inmediata con Interior, al considerar que el Ejecutivo «no puede actuar como si nada hubiera ocurrido» cuando Bruselas ha cuestionado formalmente la compatibilidad de la norma con el Derecho de la UE.

Y ahora qué. España tiene dos meses para mover ficha. Interior puede defender la norma, modificarla o suspenderla mientras se resuelve el procedimiento. Sin embargo, la presión crece, por un lado la del sector turístico, que reclama cambios desde antes incluso de que la norma entrara en vigor; por otro, la de la Comisión Europea que ya había advertido del choque de esa decisión con la normativa de protección de datos. Ahora esa advertencia queda por escrito, así que tendremos que esperar cómo avanza la cosa.

Imagen de portada | François Genon y Square

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España incumple las normas con el registro de viajeros. Bruselas le acaba de abrir un expediente y le da dos meses para arreglarlo

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por

Antonio Vallejo

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