Xataka – La Guardia Civil de Almería destapa una red de empadronamientos ilegales a 188 extranjeros
Dieciocho personas detenidas. Tres grupos criminales desarticulados. 188 empadronamientos fraudulentos. La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha cerrado, de momento, la operación Tabula Rasa, un nombre que resume bien la intención: borrar de un plumazo una red que llevaba meses falsificando la residencia de decenas de extranjeros en Roquetas de Mar.
Primer chivatazo. La pista arrancó en 2025, con denuncias de vecinos normales y corrientes. Algunos descubrieron, al pedir un certificado de empadronamiento, que en su propio piso figuraban registradas personas que jamás habían visto. El fenómeno se concentró en bloques grandes, edificios con decenas de viviendas donde resulta más fácil camuflar altas irregulares. En Aguadulce, un solo inmueble acumulaba más de un centenar de empadronados. Lo irónico es que allí no vivía nadie.
Entre 800 y 2.500 euros por dirección. La investigación identificó a 69 víctimas estafadas, que pagaron esas cantidades a cambio de una dirección que no era la suya. El empadronamiento abre puertas: sanidad, escolarización, ayudas sociales, arraigo social. Y mueve mucho dinero. Los presuntos responsables falsificaban recibos de agua y luz y usaban, sin permiso, la identidad de propietarios reales para dar apariencia de legalidad a los trámites.
Detrás del papeleo se tipifican delitos como pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil. Los arrestos se repartieron entre Adra, Almería capital, La Mojonera, El Ejido y Roquetas de Mar, la localidad donde se concentró el grueso de la trama.
Un precedente claro. Agosto ya dejó un precedente casi calcado: 47 empadronamientos irregulares en Almería, Níjar y Canjáyar. Y otros 15 detenidos por la Policía Nacional. Cuatro veces más altas fraudulentas detectadas en una sola operación. En cualquier caso, La Guardia Civil ha culminado la primera fase de la operación Tabula Rasa pero se presuponen más objetivos, así que el número de arrestos podría crecer.
De hecho, ayuntamientos como el de Gandía ya han endurecido su normativa municipal para vigilar de oficio los pisos con más de ocho empadronados y tramitar bajas automáticas cuando detectan fraude. En paralelo al precio de la vivienda y a la presión migratoria en zonas agrícolas del sureste.
Contexto. Almería capital cerró agosto de 2026 con un precio medio de 1.807 €/m², un 11,3% más que un año antes; Roquetas de Mar, donde se desarticuló la red, alcanzó los 1.762 €/m², un 17,4% interanual, con picos de hasta el 23-25% en primavera de 2026; El Ejido se situó en 1.365 €/m² en marzo, un 18,8% más, y lideró las subidas de alquiler en el primer trimestre (+12,7%, hasta 965 euros mensuales), la renta más cara de la provincia.
En paralelo, Almería, que tiene un mapa de extranjería especialmente complicado con unos 25.000 empleados sin papeles, concentra el 22,1% de la población extranjera de Andalucía, con el 59% de las altas laborales extranjeras en agricultura, 41.580 trabajadores extranjeros en el Sistema Especial Agrario en diciembre de 2025, Roquetas de Mar como municipio con más residentes no españoles (32.419), El Ejido con un 31,8% de población extranjera y unas 7.000 personas viviendo en asentamientos chabolistas en la provincia, muchas de ellas trabajadoras migrantes sin contrato.
El peor momento. España atraviesa semanas de tensión por la crisis migratoria de Ceuta, desatada tras la entrada masiva de finales de julio. El Gobierno calcula que aún quedan unas 5.000 personas en la ciudad autónoma, cifra que las autoridades locales elevan hasta 9.000. El pasado fin de semana hubo nuevas protestas y el Ejecutivo declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional mediante el Real Decreto 681/2026, del 25 de agosto. Ceuta y Melilla encabezan los delitos de violencia de género y hay algunos temores en plena vuelta al cole.
Sin embargo, Tabula Rasa no investiga a personas recién llegadas ni guarda relación con Ceuta: persigue a organizaciones que estafan tanto a propietarios como a extranjeros ya asentados, muchos de ellos víctimas de un mercado negro que se aprovecha de su necesidad. Ninguna fuente policial atribuye responsabilidad penal a quienes pagaron por direcciones falsas; la acusación recae sobre quienes diseñaron y lucraron con el fraude. Y hablamos de una crisis (humanitaria y de derechos), no una invasión. Tratar este suceso como un grito crispado ante el debate migratorio estigmatiza a comunidades enteras por la actuación de unas pocas redes criminales, cuando el verdadero daño lo sufren tanto los vecinos suplantados como los migrantes estafados
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La Guardia Civil de Almería destapa una red de empadronamientos ilegales a 188 extranjeros
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Isra Fdez
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