Xataka – Ordenan desahuciar a la mujer que dejó los grifos abiertos del piso que okupa en Zaragoza y acumula casi 15.000 euros de deuda
María Marcuello llevaba 15 años viviendo en un piso de la calle Eugenio Lucas, en Zaragoza. Se mudó a Barcelona por motivos personales y decidió alquilarlo por unos 600 euros al mes. Todo fue bien hasta noviembre de 2024: la inquilina, identificada como M.C.S.R., dejó de pagar y se convirtió en okupa de la noche a la mañana. El Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Zaragoza ha ordenado ahora el lanzamiento judicial del inmueble para el próximo 9 de octubre, tras casi dos años de pleitos y un agujero enorme en facturas no abonadas.
La pesadilla logística. Varios medios apuntan a que la inquilina llegó a tener ingresos superiores a los de la propietaria, pero decidió no destinarlos al alquiler. Hasta que dejó los grifos abiertos: la factura de agua ascendió a casi 1.000 euros y se cargó directamente contra la propietaria, que sigue siendo titular del suministro. Sumado al alquiler impagado, la deuda total ronda ya los 15.000 euros. Al parecer, María no ha visto ni un céntimo desde hace casi dos años.
Lo que dice la ley. La okupación no es un delito. Lo que sí es, según el Código Penal, es la usurpación de bien inmueble, artículo 245.2, penado con multa de tres a seis meses por tratarse de un delito leve. Desde el 2 de enero de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 reformó la Lecrim para derivar estos casos —junto al allanamiento de morada, es decir, invadir sin consentimiento el lugar primario donde moras— hacia diligencias urgentes, en vez del procedimiento de delitos leves.
El objetivo de estos cambios era acelerar el desalojo en primeras viviendas. Este caso concreto ha tardado más de un año en resolverse porque, para los propietarios, la vía civil, con su trámite previo de conciliación obligatoria, sigue siendo más habitual que la penal.
El vacío legal. El Tribunal Supremo dictó el 24 de junio de 2026 una sentencia que fija doctrina: cortar la luz o el agua a un okupa no es delito de coacciones, siempre que quien ocupa carezca de cualquier título jurídico. La inquilina de Zaragoza sí tuvo, en su momento, contrato legítimo, así que jurídicamente sigue teniendo «un título aparente o en disputa» sobre la vivienda. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, lo resume así: «Hubo un título posesorio en un momento dado, aunque haya acabado su vigencia». Traducido: puedes cortarle el agua a un okupa pero no a un inquiokupa.
Agua usada como arma. Bravo recuerda el caso de una vecina de 97 años de Colmenar Viejo que en 2022 tuvo que pagar 2.000 euros de agua porque sus inquiokupas decidieron llenar la piscina. «Es una práctica que además se utiliza para hacer daño al propietario», explica. Sin embargo, las denuncias por allanamiento y usurpación de vivienda cayeron un 9,4% en 2025, hasta 14.875 casos, según el Ministerio del Interior. Cataluña concentra el 40% de todos los casos del país (5.913 denuncias), muy por delante de Madrid, que apenas suma el 9%. Traducido a calendario: una media de más de 40 okupaciones denunciadas cada día en toda España.
La cifra clave. Sobre 27,5 millones de viviendas en España, la okupación afecta a menos del 0,06% del parque total, según los propios datos oficiales. Estamos en máximos de uso residencial desde el boom crítico de 2008. El fenómeno es mediáticamente enorme y estadísticamente residual, dos cosas que pueden ser ciertas a la vez sin contradecirse: anecdótico en volumen, devastador para quien lo sufre en primera persona, como María.
Otro caso igual. En Torrelodones, la hijastra del actor Fernando Rey y exmujer de un futbolista del Real Madrid debe 32.000 euros a sus propietarios tras tres años sin pagar el alquiler de una casa con piscina, garaje y trastero. Otro matrimonio denunció en octubre de 2025 a la que ellos mismos apodaron «la inquilina perfecta»: tres años sin pagar y 33.000 euros de deuda acumulada. Y en Carabanchel, una inquiokupa fue más lejos todavía: realquiló habitaciones de la vivienda ajena que ocupaba sin pagar, montando fiestas en el patio comunitario mientras la deuda con la propietaria real superaba los 8.000 euros.
Si bien estas cifras ni son oficiales ni se han ratificado, se estima que el Ministerio de Hacienda tenga al menos 33 inmuebles propios okupados repartidos por España, sin que la propia Administración los recupere con más agilidad que un particular. La OCU lanzó en junio de 2026 la campaña «Vivienda sin preokupación», denunciando que la prórroga de la suspensión de desahucios aprobada en pandemia se mantuvo vigente hasta bien entrado 2026, dejando a miles de propietarios con plazos judiciales que consideran inasumibles.
El término que falta. Estos son perfectos ejemplos de «inquiokupación». Nada de entrar forzando una vivienda vacía, sino a través de inquilino legítimo que deja de pagar y se resiste a marcharse, aprovechando que el desahucio por vía civil exige trámites y tiempo de prórroga. El Ministerio del Interior ni siquiera contempla esta categoría como variable propia, así que estos casos quedan mezclados en las cifras generales de impagos. El 9 de octubre, si nada se tuerce, María recuperará su piso. Los 15.000 euros de deuda, esos sí, se han ido por el sumidero.
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Ordenan desahuciar a la mujer que dejó los grifos abiertos del piso que okupa en Zaragoza y acumula casi 15.000 euros de deuda
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Isra Fdez
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