Xataka – La «Ley Rider» aspiraba a mejorar el delivery de España. En el sector hay quien cree que ha servido para todo lo contrario
Poco (o muy poco) tiene que ver el sector del delivery de hoy con el de 2021, antes de que el Gobierno aprobase el cambio legislativo que obligó a que miles de repartidores dejasen de ser autónomos para pasar a engrosar la plantilla de las plataformas con las que operan. La conocida como ‘Ley Rider’ ha marcado los últimos años del sector y ha dejado una huella profunda tanto en el servicio como en la hostelería. Tan profunda, de hecho, que en pleno 2025 sigue habiendo voces que cuestionan su eficacia y advierten que está perjudicando a riders, webs, restaurantes y clientes.
Un «‘lose-lose’ por partida cuádruple», lamentan.
¿Qué ha pasado? Que a pesar de los más de cuatro años que han transcurrido desde su aprobación en España, la repercusión que ha tenido la medida a nivel comunitario y que sus pautas han ido calando poco a poco entre las empresas, la ‘Ley Rider’ sigue sin librarse de la polémica.
Llega una búsqueda rápida en Google para encontrar noticias más o menos recientes que cuestionan sus efectos, pero quizás quién mejor ha resumido su impacto en el sector es Alejandro Hermo, CEO de la cadena de hamburgueserías Goiko. Hace poco el directivo, una voz con cierto peso en el gremio, expuso en LinkedIn el golpe que (en su opinión) le está asestando el cambio legislativo: «El delivery lleva unos meses muy complicados, impactando a clientes y restaurantes».
¿Qué ha dicho exactamente? Más o menos, que cualquier tiempo pasado fue mejor. «Hemos pasado de tener un sistema de delivery que funcionaba como un reloj, dando un buen servicio a clientes y restaurantes, a tener un sistema rígido, caro e ineficiente que hace casi imposible cubrir con riders suficientes las horas pico, haciendo que los restaurantes aparezcan sin servicio disponible o/y que los pedidos lleguen tarde (si llegan)», lamenta en su post el CEO de Goiko.
¿Hay más? Sí. Hermo asume que adaptarse a “un cambio de modelo tan drástico” exigirá cierto «tiempo», pero está convencido también de que el servicio no recuperará nunca su «nivel anterior». «Lo que está sucediendo tras el cambio forzado de un modelo de riders autónomos a riders 100% contratados es un ‘lose-lose’ por partida cuádruple», insiste el directivo antes de exponer por qué, en su opinión, la ley perjudica tanto a los repartidores como a las plataformas, los restaurantes y los propios clientes.
Hermo advierte que, al reconvertirse en asalariados, los primeros (los riders) han visto cómo menguaban sus ingresos y la libertad para autogestionarse. Es más, el directivo está convencido de que el cambio ha “dificultado” que puedan acceder al sector los riders más ocasionales, aquellos que solo aceptaban encargos para completar su economía, como los estudiantes. En cuanto a plataformas como Glovo o JustEat, Hermo advierte que el aumento de los costes operativos les ha restado flexibilidad para cubrir las ‘horas pico’.
¿Cómo afecta a los restaurantes? En 2023, durante una entrevista con la agencia EFE, el empresario ya advertía que aunque la ‘Ley Rider’ se centra principalmente en las plataformas y los hosteleros son solo «un actor secundaria», a la larga acabarían viéndose afectados. Ahora lo confirma.
«Los restaurantes pierden negocio y rentabilidad», resume en su publicación de LinkedIn, en la que desliza que el cambio legislativo se ha traducido para ellos en un servicio de delivery menos flexible y más caro. «Pensando en nuestro sector, no podemos permitirnos en este momento otro torpedo en la línea de flotación de la restauración», remarca.
Las consecuencias para los clientes son desde su punto de vista evidentes: un delivery menos eficiente. «El servicio le empeora porque hay menos restaurantes disponibles, tarda más y llega en peor estado. Y eventualmente será más caro por pedido para pagar la fiesta del cambio de modelo».
¿Qué propone? Que plataformas, repartidores y administración «se sienten y sean escuchadas» para encontrar una salida consensuada. «La solución no es blanco ni negro, ha de haber puntos intermedios que se acerquen a las demandas de ambas partes y sirvan de inspiración para otros países». Para Hermo el delivery es solo un ejemplo más de los nuevos modelo de negocio que no tienen por qué guiarse por las pautas heredadas del siglo XX. «Con sus pros y sus contras, pero son menos flexibles de lo que hoy en día se demanda».
¿Es el único en quejarse? No. Y por eso su reflexión es aún más interesante. Más allá del debate que acompañó a la aprobación y entrada en vigor de la ‘Ley Rider’, en 2021, la discusión en torno a los pros y contras de la medida han ido manteniéndose a lo largo de los últimos cuatro años. En agosto El Periódico preguntó a la portavoz de la plataforma sindical RidersxDerechos, Núria Soto, si el colectivo está mejor hoy a nivel laboral que hace un lustro. Su respuesta fue clara: «Sí, aunque depende de a quién le preguntes».
«Los riders tienen más derechos, pero también menos ingresos. Y aquellas personas sin permiso de trabajo que repartían alquilando cuentas se han quedado excluidas de las regularizaciones y han perdido su fuente de ingresos», advertía Soto. Hay repartidores que son aún más tajantes y lamentan que la ‘Ley Rider’ los ha hundido aún más en la «precariedad» de la que prometía librarlos. Incluso se han publicado estudios académicos que constatan cómo el cambio legislativo ha tenido algunos efectos indeseados, como un empeoramiento de los sueldos o una destrucción de empleo.
¿Por qué esa queja ahora? La ley es de 2021, pero tiene sentido que el sector siga pronunciándose a día de hoy. Al fin y al cabo buena parte de los riders seguían sin estar contratados hasta hace no tanto. Este año sin embargo Glovo dio un paso clave al decidir que todos sus repartidores pasen a ser asalariados. La decisión la tomó tras unos años complejos, marcados por cuantiosas multas y el escrutinio de las autoridades, y no sin recelo. «Contrataremos a 20.000 trabajadores, pero ganarán menos que como autónomos», advertía en febrero su CEO.
Según El Periódico, en agosto casi el 70% de los paquetes que se repartían en España lo hacían a través de un repartidor con contrato laboral. Hoy mismo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordaba a Uber Eats que el Gobierno está dispuesto a llevarla a los tribunales por la vía penal si no cumple la ley sobre repartidores. «Ya lo hemos hecho con otra empresa», deslizaba.
Imágenes | Glovo
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La «Ley Rider» aspiraba a mejorar el delivery de España. En el sector hay quien cree que ha servido para todo lo contrario
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Xataka
por
Carlos Prego
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